Desmantelada una red criminal que traficaba con inmigrantes en Catalunya
Los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo una importante operación policial que ha culminado con la detención de 50 personas, todas vinculadas a una organización delictiva dedicada a la introducción irregular de inmigrantes pakistaníes en Catalunya, generando más de 3 millones de euros en beneficios. De los arrestados, tres han sido enviados a prisión.
La red criminal cobraba entre 8.000 y 30.000 euros a sus víctimas, utilizando a empresarios locales para implementar sus engaños. Muchos de los inmigrantes recién llegados se encontraron trabajando en condiciones de explotación laboral.
Esta investigación, catalogada como la más extensa que han realizado los Mossos en el ámbito de la inmigración irregular, se llevó a cabo durante el mes de octubre y se centró en varias localidades de Barcelona y su área metropolitana.
Se ha confirmado que la organización gestionó 224 expedientes de contratación, de los cuales 108 recibieron aprobación. La investigación ha revelado que 48 hombres y 2 mujeres estaban involucrados en la entrada irregular de ciudadanos pakistaníes y en la facilitación de la regularización de otros inmigrantes mediante contratos fraudulentos.
De los detenidos, siete eran miembros activos de la organización, mientras que 43 eran empresarios que colaboraban en la elaboración de estos contratos irregulares. Los Mossos han destacado la complejidad y el alcance de esta red, que operaba desde 2019 y tenía conexiones en Pakistán.
La investigación se inició tras el análisis de documentos hallados durante registros realizados en febrero de 2024, relacionados con un caso previo de trata de seres humanos para explotación laboral y otros delitos. Un registro clave se llevó a cabo en una gestoría en Barcelona, donde se descubrieron expedientes fraudulentos tramitados por el principal investigado.
Las ganancias de esta actividad ilícita han sido significativas. Los inmigrantes en Pakistán pagaban hasta 30.000 euros por visados y documentos necesarios para ingresar a España, mientras que aquellos ya en territorio español desembolsaban hasta 8.000 euros por contratos ficticios que les permitieran regularizar su situación.
Durante el periodo de marzo de 2022 a julio de 2023, la organización procesó un total de 224 expedientes, generando potencialmente más de 3,2 millones de euros solo por los casos aprobados, sin contar otros expedientes rechazados o aquellos vinculados a inmigrantes ya establecidos en España.
En algunos casos, los trabajadores contratados se encontraron en condiciones de trabajo precarias o incluso ficticias, que se desvanecían tras obtener los permisos administrativos. Las investigaciones han identificado a doce supuestos miembros de la red, quienes desempeñaban funciones de intermediación y gestión documental.
Además, se ha logrado identificar a 62 empresarios que, a través de sus negocios en sectores como alimentación y restauración, facilitaron la tramitación ilegal de los expedientes necesarios para obtener los permisos pertinentes.
La operación policial se llevó a cabo en dos fases a finales de octubre, con la participación de 81 efectivos de la División de Investigación Criminal. Las detenciones se realizaron principalmente en diversas localidades de la provincia de Barcelona.
Las autoridades han acusado a los miembros de la organización de delitos de pertenencia a organización criminal, así como de falsedad documental y violaciones a los derechos de los ciudadanos extranjeros. La investigación, que sigue abierta, podría dar lugar a nuevas detenciones.
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