Administrador de fincas de Burgos acusado de defraudar más de 90.000 euros a una comunidad de vecinos
Un administrador de fincas de Burgos se enfrenta a tres años de cárcel por defraudar presuntamente 92.025,03 euros a una comunidad de vecinos de un edificio de la plaza de España. La Fiscalía pide además la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión al acusarle de un delito de apropiación indebida.
Según recoge el escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Burgos, el procesado desempeñó el cargo de secretario-administrador de la finca desde el año 2016 hasta su cese en noviembre de 2023. Durante ese periodo, contando con pleno acceso a las cuentas bancarias de los vecinos, habría llevado a cabo una gestión irregular motivada por el «propósito de enriquecerse a costa de los fondos» de la comunidad.
Entre las irregularidades detalladas por el Ministerio Público destacan 19 transferencias bancarias directas desde las cuentas comunitarias hacia la cuenta personal del administrador por un valor acumulado de 27.241,78 euros, realizadas sin el conocimiento ni el consentimiento de los propietarios.
Según el relato de la Fiscalía, el acusado habría ordenado sustanciosos pagos a favor de diversas sociedades mercantiles sin que constase la realización de trabajos reales ni existieran facturas que justificasen los desembolsos. Entre estos movimientos figuran 31.638,78 euros transferidos a una firma comercial entre 2021 y 2023, y otros 56.078,76 euros abonados a otra entidad entre 2019 y 2021.
Además el acusado mantenía arrendada en Burgos una oficina propiedad de la propia finca por la que abonaba un alquiler mensual de 416,16 euros, concepto que dejó de atender acumulando una deuda impagada de 7.490,88 euros. La «gestión desordenada» de los fondos generó igualmente descubiertos bancarios que acarrearon comisiones que elevaron la deuda.
En el escrito de la acusación se pone también de manifiesto una práctica habitual de traspasos opacos de dinero entre distintas comunidades de propietarios administradas por el acusado. El objetivo de estos desvíos sería cubrir saldos negativos o deudas cruzadas, llegando a abonar más de 32.000 euros a otras fincas ajenas.
Aunque el acusado devolvió 14.000 euros antes de que la comunidad interpusiera la denuncia formal en mayo de 2024, la Fiscalía pide una indemnización de 92.025,03 euros.
El Ministerio Público considera estos hechos como un delito continuado de apropiación indebida o administración desleal. Además de los tres años de cárcel e inhabilitación profesional durante el tiempo de condena, la Fiscalía solicita una multa de ocho meses a razón de 20 euros diarios y la obligación de indemnizar íntegramente a los vecinos afectados.




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