Sanción de cuatro años y tres meses para médica del Centre Penitenciari Ponent por actuaciones deficientes
Una médica que ejercía en el Centre Penitenciari Ponent ha sido sancionada con cuatro años y tres meses de suspensión de funciones por el Institut Català de la Salut (ICS) debido a tres actuaciones asistenciales consideradas deficientes durante unas guardias realizadas en 2024 y 2025. El expediente disciplinario le atribuye una “actitud pasiva y carencia de intervención médica efectiva” ante una doble emergencia, una actuación presuntamente deficiente durante un paro cardiorrespiratorio y supuestas omisiones en la atención de una posible intoxicación. La profesional, adscrita al EAPP Ponent, impugnó la sanción por la vía contenciosa y el TSJC rechazó suspenderla cautelarmente mientras se resuelve el procedimiento judicial.
El primer episodio se remonta al 6 de abril de 2024, cuando se produjeron dos emergencias casi simultáneas en los módulos 7 y 1. El ICS considera que la médica no hizo una valoración ni una intervención médica adecuada en el primer caso y que se marchó para atender el ingreso de un nuevo interno, por lo que una enfermera tuvo que asumir la valoración y tomar decisiones clínicas. El segundo episodio ocurrió el 8 de mayo de 2025 cuando un interno sufrió un paro cardiorrespiratorio. El ICS sostiene que la doctora no inició de inmediato la reanimación cardiopulmonar (RCP) ni activó el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y que el desfibrilador externo automático (DEA) se colocó antes de pedir la ambulancia. Según el testimonio de un funcionario de la cárcel, la médica “se quedó bloqueada” y le llegó a preguntar: “¿Qué hago, le echo agua?”. La documentación señala que los hechos empezaron sobre las 2.15 horas y que la ambulancia no se activó hasta las tres de la madrugada, aproximadamente. El último episodio tuvo lugar el 11 de mayo de 2025, cuando una interna presentaba una posible intoxicación. Según el ICS, la médica no completó la valoración ni dirigió adecuadamente la atención, mientras que posteriormente el SEM administró naloxona y la paciente se recuperó. El expediente también recoge que la doctora habría pasado parte de la noche en una sala de máquinas situada fuera de su alojamiento de guardia, sin informar a los funcionarios.
La médica recurrió la sanción por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal de Instancia de Lleida, que se inhibió y el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La doctora pedía que se suspendiera su aplicación mientras se resuelve el procedimiento principal, alegando que la ejecución le causaba un grave perjuicio. La Generalitat se opuso. Por el momento, el TSJC rechaza suspender la sanción al justificar que “podría producir una perturbación del interés general”, al afectar a la correcta prestación del servicio sanitario. Sin embargo, en la resolución, el tribunal deja claro que esta decisión no determina si las acusaciones del ICS están probadas ni si la sanción es proporcionada. Estos aspectos, asegura, deben resolverse en el procedimiento principal.
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