<p><strong>Desahucio de familia con dos menores en Vitoria genera indignación y despliegue policial</strong></p>

<p><strong>Desahucio de familia con dos menores en Vitoria genera indignación y despliegue policial</strong></p>

Ejecutado el desahucio con dos menores en Vitoria ¡A una pensión!

En la jornada de este viernes, Vitoria ha sido escenario de un desahucio que ha dejado a una familia compuesta por Driss, Sanae y sus dos hijos, de 8 y 10 años, sin su hogar tras 14 años de alquiler. La familia se verá obligada a pasar la noche en una pensión, un recurso temporal facilitado por el Ayuntamiento, después de que un operativo policial con ertzainas y agentes locales llevara a cabo el desalojo.

Aproximadamente trescientas personas se congregaron en los alrededores para mostrar su apoyo a la familia, organizadas por el Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi. La situación se tornó tensa, con gritos de protesta resonando en contra del desahucio y la actuación de las fuerzas del orden, que acordonaron la zona para controlar el acceso.

Driss y Sanae, visiblemente conmovidos, agradecieron a sus vecinos y amigos el respaldo recibido. Con tristeza en sus rostros, manifestaron que tanto ellos como sus hijos se sienten en una situación de malestar. Driss expresó su incertidumbre sobre el futuro, afirmando: «No tenemos una casa de protección ni nada de nada». A pesar de haber cumplido con el pago puntual de su alquiler, el propietario del inmueble decidió recuperar la vivienda, respaldado por una orden judicial.

La historia de esta familia se remonta a 2021, cuando solicitaron al propietario que aceptara pagos mediante transferencia bancaria, una opción que fue rechazada. Este desalojo, que se había programado inicialmente para julio, se pospuso gracias a un informe que destacaba la vulnerabilidad de la familia. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo hogar en una ciudad donde el alquiler medio asciende a 1.200 euros ha resultado infructuosa.

La organización que ha acompañado a Driss y Sanae ha subrayado la difícil situación que enfrentan, especialmente por la presencia de los menores, advirtiendo sobre los riesgos que esto puede implicar para su salud y educación. «El derecho a la educación no puede garantizarse si no se garantiza el derecho a la vivienda», concluyeron.

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