Un juez de Tarragona obtiene una victoria judicial por la vulneración de sus derechos laborales
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el organismo rector de la judicatura en España, ha sido declarado culpable de infringir los derechos fundamentales de un magistrado de Tarragona, quien padeció diversas enfermedades debido al estrés extremo provocado por la sobrecarga laboral. Este magistrado, cuyo caso se remonta a 2009, enfrentó un aumento significativo en la carga de trabajo, llegando a recibir el doble de casos de lo que establece el propio CGPJ.
En la sentencia emitida, el magistrado Juan Francisco Moreno argumentó que el CGPJ estaba al tanto de su situación crítica, pero no implementó las medidas necesarias para abordar el problema ni aplicó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, diseñado para regular la carga de trabajo en la judicatura y proteger así la salud de los jueces.
El tribunal ha reconocido una indemnización de 184.259 euros por los perjuicios sufridos, además de 9.830 euros por el daño moral resultante de la violación de su derecho fundamental.
En 2024, el magistrado Francisco Javier Sánchez Icart presentó una demanda contra el CGPJ y el Ministerio de Justicia, señalando que su labor se realizó sin que se definieran las cargas adecuadas para garantizar la salud laboral, lo que le llevó a sufrir graves problemas de salud, como lo confirman múltiples informes médicos.
La sentencia, que abarca 94 páginas, revela que Sánchez se unió a la carrera judicial en octubre de 1998, comenzando su trayectoria en el Juzgado de lo Social 3 de Girona y trasladándose a Tarragona en 2002, donde trabajó hasta diciembre de 2022. Su estado de salud se deterioró, y desde noviembre de 2020 estuvo de baja médica por ansiedad, solicitando finalmente la jubilación por incapacidad permanente, que fue aceptada por el CGPJ.
La resolución judicial detalla las diversas patologías que aquejaban al magistrado, incluyendo trastornos psíquicos, neurosensoriales, colon irritable y otros problemas físicos, lo que llevó al CGPJ a otorgarle la jubilación por incapacidad permanente el 21 de diciembre de 2022.
El CGPJ y el Ministerio de Justicia habían firmado previamente un convenio en 2010 para establecer un sistema de prevención de riesgos laborales, comprometiéndose a proteger a aquellos miembros de la judicatura especialmente vulnerables. Sin embargo, las asociaciones judiciales habían denunciado en 2017 que el CGPJ no había cumplido con su responsabilidad de regular la carga de trabajo, y el Tribunal Supremo validó su queja al considerar que el Consejo había fallado en su deber de cuidar la salud laboral de los jueces.
Un informe del CGPJ de 2018 resaltaba que el 84% de los jueces enfrentaban un alto riesgo debido a su carga de trabajo, especialmente aquellos que trabajaban solos. A pesar de esto, el Consejo redujo recientemente el límite de asuntos que un Juzgado de lo Social podía asumir, aunque el juzgado donde laboró Sánchez siempre recibió más casos de lo permitido, llegando a un 265% en 2009.
Desde 2021, el demandante comenzó a sufrir diversas patologías. En su demanda, argumentó que el CGPJ y el Ministerio de Justicia habían violado su derecho a la integridad física y moral al no adoptar medidas preventivas adecuadas para mitigar los riesgos laborales.
El magistrado concluyó que la carga de trabajo que soportó era más que un problema ocasional, sino una situación estructural que se había prolongado entre 2002 y 2022. Afirmó que el CGPJ era consciente de la gravedad del problema y no actuó en consecuencia.
La sentencia estableció que las medidas implementadas por el CGPJ fueron inadecuadas para contrarrestar la sobrecarga laboral, lo que contribuyó a los problemas de salud del demandante. Se determinó una indemnización total de 283.475,76 euros, aunque se decidió reducirla en un 35% debido a factores personales del magistrado que aumentaban su vulnerabilidad al estrés.
Finalmente, el juez determinó que el CGPJ debería pagar 184.259 euros y 9.830 euros por el daño moral sufrido. El abogado del demandante, Jordi Muria López, anunció que se presentará un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
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