La Fiscalía de Sevilla ha presentado una solicitud que podría llevar a dos individuos a enfrentar una pena de hasta trece años de prisión por su presunta implicación en la explotación de un hombre con discapacidad intelectual leve moderada. Según los informes, estos acusados habrían forzado a la víctima a trabajar en la recolección de patatas, sin compensación económica alguna, bajo la amenaza de una supuesta deuda de 20.000 euros que afirmaban que él debía saldar. Este hombre, que habitaba en la vivienda de sus explotadores, vivía en condiciones deplorables, durmiendo en una tienda de campaña en la azotea hasta que logró escapar en un momento de descuido.
Los hechos datan de julio de 2019, cuando los imputados supieron aprovechar la vulnerabilidad personal y mental de la víctima, quien era descrito como «huérfano de padres, con un retraso leve moderado, analfabeto y con inmadurez emocional que le hacía fácilmente influenciable» y con «escasa capacidad de razonamiento«. La Fiscalía sostiene que estas condiciones eran claramente evidentes.
Al ofrecerle un trabajo en el ámbito agrícola, este hombre comenzó a recolectar patatas en diversas fincas, siempre bajo el control directo de sus captores, quienes retuvieron su documentación personal desde el primer día. A pesar de trabajar largas jornadas, no recibió salario alguno, ya que los acusados afirmaban haber pagado 20.000 euros por él, insistiendo en que debía liquidar esa supuesta deuda para poder marcharse.
Durante su cautiverio, la víctima vivió en la misma casa que sus explotadores, donde inicialmente le fue asignado un sofá en un pasillo para descansar, pero eventualmente fue trasladado a la azotea. Allí, se vio obligado a dormir sobre un colchón en el suelo, cubriéndose únicamente con una tienda de campaña.
Uno de los acusados, aprovechando la vulnerabilidad intelectual del hombre, utilizó su documentación para registrarlo como trabajador autónomo en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el sector agrícola, sin que la víctima tuviera conocimiento de dicha inscripción. Este registro estuvo activo desde el 13 de agosto hasta el 10 de octubre de 2019, lo que permitió a los acusados aparentar que existían contratos temporales legítimos en esta actividad.
El escrito del fiscal indica que en repetidas ocasiones, la víctima pidió permiso a sus captores para regresar a su hogar, pero todas sus súplicas fueron denegadas. La presión y el maltrato psicológico finalmente llevaron al hombre a buscar una oportunidad para huir.
Logró escapar al fingir que iba a tirar la basura y fue encontrado más tarde en un estado de desorientación y evidentes signos de desnutrición en una venta cercana a Alcalá de Guadaíra. El escenario evidenció la gravedad de la explotación y el abandono por parte de los acusados.
En la vivienda registrada por las autoridades, se encontraron documentos personales de la víctima, así como papeles laborales de otros ciudadanos rumanos, varias libretas con anotaciones y 745 euros provenientes de actividades ilícitas.
La condición de discapacidad de este hombre lo convierte en una persona especialmente vulnerable, incapaz de valorar plenamente las repercusiones de sus decisiones en un entorno hostil. La Fiscalía resalta esta vulnerabilidad en su acusación.
Los acusados fueron privados de libertad desde el 18 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2019. Los cargos incluyen un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y un delito continuado de falsedad en documento oficial.
La Fiscalía ha solicitado una pena máxima de trece años de prisión y ha programado el juicio para el 28 de abril próximo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
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