El Tribunal Supremo establece que llevar un documento oficial falsificado no siempre constituye un delito de falsedad documental: la fotografía es suya, los datos son correctos y realmente dispone del permiso.

El Tribunal Supremo establece que llevar un documento oficial falsificado no siempre constituye un delito de falsedad documental: la fotografía es suya, los datos son correctos y realmente dispone del permiso.

Importante sentencia del Tribunal Supremo sobre la falsedad documental

Llevar un documento oficial falsificado no siempre constituye un delito de falsedad documental. El Tribunal Supremo estableció en una sentencia de 2024 que, si bien el soporte físico del documento es falso, si todos los datos contenidos en él son auténticos y verídicos, no se considera una conducta penalmente relevante. Por ejemplo, si una persona porta un permiso de conducir o un DNI falso, pero la información personal es correcta y coincide con la realidad, no se estaría cometiendo un delito de falsedad documental. Esto se debe a que la falsificación sería únicamente formal, sin afectar la identidad del portador ni otorgar un derecho no existente. Así lo determinó la sentencia de 2024, destacando que la utilización de un documento falso debe tener la capacidad de engañar o alterar la realidad jurídica para constituir un delito.

El caso que dio lugar a esta sentencia involucró a un ciudadano colombiano detenido en un control de tráfico en Barcelona por presentar un permiso de conducir colombiano falsificado. Aunque el juzgado inicial lo condenó por falsedad documental, la Audiencia de Barcelona revocó la sentencia al comprobar que el acusado poseía un permiso de conducir válido y que la información del documento falso coincidía con la del real. El Tribunal Supremo respaldó la absolución, argumentando que el documento no generaba una alteración de la verdad ni ponía en peligro la fe pública ni la seguridad legal.

En resumen, el Supremo concluyó que la falsedad documental solo se configura cuando la utilización del documento falso tiene la capacidad de engañar o alterar la realidad jurídica, no solo por su carácter materialmente falso. Esta sentencia marca un precedente importante en casos de documentos falsificados, al distinguir entre la falsedad formal y la relevancia jurídica de la conducta.

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