El PSOE solicita una pena de prisión para el alcalde de Estepona por presuntos delitos de corrupción
El PSOE, actuando como acusación popular, ha solicitado una condena de cinco años y medio de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), en relación con supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Estas acusaciones se centran en la contratación de una mujer, identificada como C. P. B., a quien García Urbano designó como su cargo de confianza durante dos meses, sin que ella tuviera que cumplir con obligaciones laborales, y con quien, según se indica en la instrucción, mantenía una relación sentimental.
Los socialistas han presentado sus conclusiones provisionales ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona número 5, solicitando la apertura de un juicio oral contra el alcalde. Además, se pide su inhabilitación especial durante diez años para ocupar cualquier puesto público. Por su parte, la acusación particular ha demandado dos años de prisión y seis de inhabilitación para C. P. B., considerándola cooperadora necesaria en el presunto delito de malversación.
En un giro adicional, se requiere que tanto el alcalde como C. P. B. sean condenados a indemnizar al Ayuntamiento de Estepona por un monto total de 7.862,89 euros, que corresponde a los salarios pagados a la mujer durante su nombramiento como personal eventual. Cabe destacar que García Urbano ya había reembolsado al Consistorio la cantidad de 5.276,92 euros, que era la cifra neta recibida por C. P. B. en el corto periodo de su contratación.
El escrito presentado señala que, a pesar de que el nombramiento se realizó cumpliendo con las exigencias administrativas, la investigación ha revelado numerosos indicios que sugieren que esta designación pudo haber sido una fachada para justificar el pago de salarios públicos sin que se prestaran los servicios correspondientes. Se sostiene que el vínculo personal entre García Urbano y C. P. B. se evidencia a través de interacciones en WhatsApp y movimientos bancarios que muestran transferencias de aproximadamente 21.000 euros realizadas por el alcalde a la mujer entre enero de 2022 y enero de 2023.
Además, se indica que las transferencias cesaron justo antes del nombramiento de C. P. B., quien recibió un salario anual bruto de 44.880 euros y fue asignada al Área de Control Externo. A pesar de ello, la investigación no ha encontrado evidencia de que ella haya realizado prestaciones efectivas de servicios durante el tiempo que estuvo contratada, que abarca del 13 de febrero al 31 de marzo de 2023.
En relación a este caso, García Urbano declaró ante el juez el 25 de junio, presentando tres actas notariales que incluyen declaraciones de otros trabajadores del Ayuntamiento, quienes afirman haber tenido contacto laboral con C. P. B.
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