Condena histórica al padre Fran: 52 años de prisión por sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres
La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga ha marcado un antes y un después en la vida de las víctimas del padre Fran, quien ha sido condenado a 52 años de prisión por sedar a cuatro mujeres con el fin de violarlas y grabar las agresiones. Según los abogados Jesús Marín Valdeigledias y Alfonso Sell, que representan a dos de las afectadas, las mujeres sienten un alivio y una sensación de justicia, a pesar de la gravedad de la situación. El Obispado, contactado por este medio, ha optado por guardar silencio hasta comprender completamente el alcance de la decisión judicial.
Los letrados, que actúan como acusación particular, han elogiado el fallo, calificándolo de altamente fundamentado y exhaustivo. Sin embargo, ambos coinciden en que las mujeres enfrentaron un desamparo institucional por parte de la Diócesis de Málaga. Marín expresó que el tribunal ha emitido una resolución contundente, que detalla claramente la autoría del sacerdote y la responsabilidad civil subsidiaria de la Diócesis.
A pesar del veredicto, el sufrimiento de las denunciantes persiste. «Sus vidas están devastadas», señala Marín, quien revela que la primera inquietud de su cliente tras conocer la sentencia fue sobre la duración de la prisión del condenado. Además de los años de cárcel, se ha establecido una prohibición de aproximación de 15 años a tres de las víctimas y 5 años a la cuarta, así como un periodo de libertad vigilada de 7 años tras su excarcelación.
Marín no duda en calificar al condenado como un depredador sexual, enfatizando que su comportamiento no fue un incidente aislado, sino parte de una conducta sistemática que demuestra un total desprecio hacia sus feligresas. El abogado también señala que el Obispado ha fallado en ofrecer apoyo a las víctimas, limitándose a palabras vacías y sin tomar acciones concretas para reparar el daño causado.
Por su parte, Alfonso Sell también expresa satisfacción por el fallo, resaltando que la extensión del tiempo que la Sala dedicó a deliberar sugiere una condena bien fundamentada. Sin embargo, advierte que el proceso aún está lejos de concluir, ya que se espera que la defensa presente recursos ante el TSJA y el Tribunal Supremo, lo que prolongará el sufrimiento de las mujeres.
Sell destaca un aspecto crucial de la sentencia: cómo el tribunal ha rechazado la estrategia defensiva del Obispado, que intentó eludir su responsabilidad. La Diócesis deberá hacer frente a indemnizaciones que superan los 400.000 euros, como responsable civil subsidiario. Además, el abogado subraya que la Iglesia erró en su enfoque, al intentar asumir el rol de acusación en lugar de aceptar su responsabilidad desde el inicio del proceso.
El letrado también hace hincapié en la complejidad del juicio, donde se enfrentaron no solo a la defensa del condenado, sino también a los abogados del Obispado y de su aseguradora. Sell espera que la contundencia de la sentencia sirva como un ejemplo a seguir para otras diócesis en el país, promoviendo protocolos que eviten que situaciones similares se repitan.
Finalmente, tanto Marín como Sell coinciden en el grave impacto psicológico que han sufrido las víctimas, quienes continúan recibiendo terapia asistencial. «Las secuelas van más allá de ser tratadas como objetos sexuales; han perdido la confianza en lo que antes consideraban un entorno seguro, y esto ha provocado una profunda quiebra de su fe», concluyen ambos abogados.
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