Ojo con las bicicletas eléctricas: intervienen un vehículo en Almonte que en realidad era un ciclomotor
La Policía Local de Almonte ha intervenido un vehículo que aparentemente era una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido (EPAC), pero que, tras la correspondiente inspección técnica, resultó tener la consideración legal de ciclomotor al incumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La actuación se produjo después de que los agentes inspeccionaran el vehículo y comprobaran que no cumplía las características técnicas exigidas por el Reglamento (UE) 168/2013, las instrucciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Reglamento General de Vehículos para ser catalogado como una bicicleta de pedaleo asistido.
Entre las principales irregularidades detectadas figuraba la presencia de un gatillo acelerador que permitía al vehículo desplazarse sin necesidad de que el usuario pedaleara, funcionando como único sistema de propulsión, una característica incompatible con la normativa que regula las EPAC.
Durante la intervención también se verificó que el vehículo estaba siendo utilizado para realizar labores de reparto, sin reunir los requisitos legales exigibles para este tipo de actividad.
Como consecuencia de los hechos, la Policía Local formuló la correspondiente denuncia administrativa y elaboró un informe técnico que será remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, donde se detallan las comprobaciones realizadas y la fundamentación jurídica de la actuación.
Desde la Policía Local recuerdan que no todos los vehículos comercializados como bicicletas eléctricas cumplen la normativa para ser considerados una EPAC. En función de sus características técnicas, algunos deben ser homologados como ciclomotores, lo que implica disponer de matrícula, seguro obligatorio, permiso de circulación, ITV y ser conducidos por una persona con el permiso correspondiente.
Advierten de que conducir un vehículo que legalmente tenga la consideración de ciclomotor sin la autorización necesaria puede dar lugar, además de a sanciones administrativas, a una investigación por un presunto delito contra la seguridad vial.
Por último, desde el cuerpo policial recomiendan a los ciudadanos informarse antes de adquirir o utilizar este tipo de vehículos para comprobar que cumplen con la legislación vigente y evitar posibles responsabilidades administrativas o penales.




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