Intensa jornada de registros en el Ayuntamiento de Frigiliana por presuntos delitos de corrupción
Más de trece horas de investigación. Así se extendió el operativo de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Frigiliana este martes, en el marco de un proceso que investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación pública. El alcalde, Alejandro Herrero (PSOE), estuvo presente en las instalaciones desde temprano, permaneciendo allí hasta las 22:31 horas, según reporta SUR.
Fuentes cercanas al caso han revelado que los agentes de la Policía Judicial confiscaron los teléfonos móviles del alcalde y sus concejales, lo que obligó al equipo de gobierno a estar prácticamente incomunicado durante gran parte del día.
Los investigadores se han enfocado en revisar y volcar información sobre contratos, sin dejar de lado ninguna área, incluyendo sectores clave como Deportes y Servicios Operativos. Esta labor se llevó a cabo en presencia de empleados y funcionarios municipales. No fue sino hasta la tarde cuando comenzaron a observarse los primeros movimientos significativos.
Como pudo constatar este diario, tres concejales del equipo de gobierno abandonaron las instalaciones a media tarde, mientras que el alcalde, junto a la primera y segunda teniente de alcalde, continuaron en el edificio con los agentes hasta última hora. A las 21:30 horas, Herrero salió del Ayuntamiento tras concluir el registro, y ha sido citado como investigado en el juzgado de Torrox para comparecer con su abogado en los próximos días, junto a otros seis concejales del PSOE que poseen mayoría absoluta.
Operativos más allá del Consistorio
La operación de la Guardia Civil no solo se limitó al Ayuntamiento. Los agentes también llevaron a cabo registros en un domicilio particular y un conocido bar del pueblo, ya que parte de la investigación se centra en un contrato sospechoso vinculado con la empresa de un familiar del alcalde. Además, se están analizando contratos con una veintena de empresas de diversos sectores, según ha podido confirmar SUR.
Como se informó previamente, esta operación se lleva a cabo bajo la supervisión de un juzgado de Torrox que investiga la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La atención se centra en la gestión del gobierno socialista de Alejandro Herrero, quien asumió el cargo tras una moción de censura en febrero de 2017 y ha gobernado con mayoría absoluta desde 2019.
Es importante recordar que hace dos años, el portavoz del PP en la oposición, Pedro Alcántara, denunció públicamente una supuesta cadena de contratos menores que superaban el límite legal permitido. Según él, alrededor de una docena de empresas locales habrían facturado cerca de dos millones de euros a través de estas prácticas en el mandato anterior, con algunas de ellas superando los 70.000 euros anuales, lo que, a juicio de la oposición, vulneraba los márgenes legales y generaba desigualdad e inseguridad jurídica.
El PP había advertido que, de no corregirse la situación, llevarían estas presuntas irregularidades ante la Fiscalía. Entre las denuncias se encontraban no solo los contratos menores en diversas áreas, sino también supuestas irregularidades en la licitación del servicio de recogida de basuras y en la tramitación de subvenciones de 2021 para una pista de pádel.
Ante estas acusaciones, el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), respondió con firmeza, acusando al PP de generar alarmismo y de no aceptar su derrota electoral. Defendió la salud económica del municipio, resaltando que el Ayuntamiento llevaba siete años sin deudas, con un periodo medio de pago a proveedores de 21 días y reducciones fiscales.
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