¿Ataque consciente o brote psicótico? A juicio el caso de la menor que saltó por el balcón para escapar de su exnovio.
Este lunes se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio contra un joven acusado de irrumpir en la vivienda de su expareja, una menor que en aquel momento contaba con 17 años, y agredirla con un hacha. Para evitar una tragedia, la víctima no tuvo más opción que lanzarse desde el balcón de su hogar, ubicado a 15 metros del suelo. Durante el juicio se aceptará que el acusado violó una orden de alejamiento, pero el jurado deberá deliberar sobre su estado mental en el instante de la agresión. La acusación, representada por la abogada de la víctima, sostiene que el joven era plenamente consciente de sus actos y pide una condena de 19 años de prisión. En cambio, la defensa y la Fiscalía argumentan que el joven presentaba alteraciones mentales que lo hacen inimputable.
Los sucesos ocurrieron el 28 de marzo de 2023, cuando el acusado, a pesar de la orden de alejamiento por un delito de coacciones leves, se presentó en la casa de la menor en Torremolinos. Según las versiones presentadas, el joven accedió al edificio, se movió sigilosamente por las áreas comunes descalzo y logró ingresar a la vivienda a través de una ventana del patio. Una vez dentro, tomó un hacha de cocina y otros utensilios, esperando la llegada de la víctima.
La menor llegó a su hogar tras salir del instituto y cerró la puerta con llave, sin esperar que alguien la siguiera. Mientras se preparaba un bocadillo, oyó un ruido en el pasillo. Al investigar, creyó que su gato había derribado algo, pero se encontró con su expareja, quien, con el rostro cubierto, la atacó violentamente. A pesar de sus intentos por defenderse, la agredió con un hacha en varias partes del cuerpo, obligándola a saltar por el balcón para salvar su vida. El acusado, que se autoinfligió heridas tras el ataque, fue capturado poco después de escapar del lugar.
Aunque todos coinciden en los hechos de allanamiento de morada y en la violación de la condena, el verdadero debate se centra en el estado mental del acusado. Esto será crucial para determinar si enfrentará una pena en prisión o un tratamiento en un centro médico. La abogada de la acusación, Regina Apalategui, argumenta que la planificación del ataque demuestra una premeditación incompatible con una mente perturbada, respaldando su posición con un informe de un psiquiatra que atendió al acusado poco después de los eventos, quien descartó un brote psicótico.
Por otro lado, la Fiscalía coincide en que el joven tenía la intención de causar daño a la víctima, pero se basa en informes forenses que indican que padecía un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) severo que anulaba su capacidad de actuar con plena voluntad en el momento de la agresión. La Fiscalía ha solicitado su absolución penal por inimputabilidad, pero también su internamiento en un centro psiquiátrico, considerándolo una persona «muy peligrosa».
La defensa del acusado, representada por Cecilia Pérez, también ha solicitado la absolución, argumentando que el comportamiento errático del joven refleja una mente fracturada. Además, ha cuestionado la validez del informe psiquiátrico inicial, alegando que fue una evaluación superficial y sin acceso al historial del paciente. Con las pruebas y testimonios por presentar, el jurado popular tendrá la ardua tarea de decidir si el acusado actuó con plena conciencia o si fue víctima de su propia enajenación.
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