El Gobierno local niega irregularidades en la operación urbanística
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, situó el origen del denominado terreno de Valenzuela en un antiguo cuartel ubicado en la frontera, que según explicó existía ya en el siglo XX. En su intervención, afirmó que estos terrenos fueron adquiridos en el año 1994 por el Gobierno de la Ciudad al Ministerio de Defensa.
Según su relato, la operación de compra incluyó esos terrenos junto a otros, por los que se habría pagado una cantidad elevada de dinero, aunque evitó precisar cifras exactas, refiriéndose únicamente a “varios millones de pesetas de la época”.
Imbroda contextualizó esta operación dentro del modelo económico de Melilla en aquel momento, señalando que la economía local se basaba fundamentalmente en el comercio aduanero y la actividad fronteriza.
Subastas públicas y ausencia inicial de licitadores
El presidente explicó que, tras la adquisición de los terrenos en 1994, el Gobierno de la época inició en 1997 un proceso de subasta pública con el objetivo de impulsar la actividad económica mediante la iniciativa privada. Según su intervención, se realizaron dos subastas en las que no se presentó ningún interesado.
Posteriormente, en 1998, se habría aprobado finalmente la venta de los terrenos a una empresa que sí acudió a la licitación pública. Imbroda subrayó que este proceso fue abierto y accesible a cualquier interesado, insistiendo en su carácter “limpio” y “totalmente transparente”.
Desarrollo urbanístico
El presidente sostuvo que, a partir de esa adjudicación, la empresa adquiriente fue la responsable de gestionar y trabajar los terrenos en el marco de convenios urbanísticos y de la normativa vigente. En su intervención, insistió en que la administración posterior no tuvo relación con empresas que aparecieron años después en el desarrollo del proyecto.
En concreto, afirmó que no existía vínculo con sociedades como Parque Murias o Dragados, que según sus palabras aparecen en versiones posteriores de los hechos, concretamente a partir de 2017.
Imbroda negó que existiera participación de estas empresas en las fases iniciales del proceso y aseguró que en los años noventa no formaban parte del contexto urbanístico ni administrativo del proyecto.
El presidente cuestionó el contenido de determinadas interpretaciones sobre el caso, rechazando que hubiera existido una licitación de proyecto urbanístico en los términos que se han señalado. Según su explicación, no existió una licitación específica de proyecto por parte de la administración en aquel momento, sino que la empresa adjudicataria encargó los proyectos técnicos a profesionales de su elección.
Imbroda insistió en que todas las actuaciones se realizaron con informes técnicos, exposiciones públicas y conforme a la legalidad urbanística vigente en cada momento.




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