Reunión en el Ayuntamiento de Errenteria para esclarecer casos de agresiones sexuales y conductas machistas
Los grupos municipales de Errenteria se han reunido en el Ayuntamiento en una comisión extraordinaria de algo más de dos horas con el objetivo de esclarecer la gestión municipal en torno a los casos de agresiones sexuales y conductas machistas vinculados a Xenpelar Bertso Eskola y a la compañía de danza Kukai. Durante la cita, a la que no ha asistido la alcaldesa Aizpea Otaegi, el equipo de gobierno de EH Bildu respondió a las preguntas de la oposición y asumió fallos en los sistemas de control internos.
El debate principal ha girado en torno a la gestión del caso de la escuela de bertsos. La concejala de Igualdad, Itsaso Cruz, ha reconocido abiertamente que los mecanismos y protocolos de seguimiento municipal fallaron. «Tenemos que analizar qué ha fallado», ha admitido. Y como remedio de la mala gestión del caso, ha anunciado que el ejecutivo local tiene la intención de ponerlo en manos de expertos, contratando «una auditoría para que los protocolos no vuelvan a fallar».
Relato de los hechos
Respecto al recorrido de los hechos, la concejala ha explicado que el Ayuntamiento recibió la denuncia del movimiento feminista el 4 de mayo, información que trasladó a la alcaldesa y a los asesores jurídicos. El 6 de mayo tuvo lugar el primer contacto del consistorio con la bertso eskola y dos días después se celebró una reunión con el presidente de la entidad para exigir que se apartara al acusado de las actividades en este servicio municipal.
Según el relato, el 15 de mayo, en un encuentro extraordinario, la escuela comunicó formalmente la destitución del profesor de sus labores de dirección y dos días más tarde el Ayuntamiento notificó la rescisión del contrato con Xenpelar, el colectivo que gestionaba el servicio de bertso eskola, dedicado a divulgar la enseñanza del bertsolarismo entre jóvenes menores de 18 años. Por último, el 27 de mayo tuvo lugar una reunión informativa con las familias del alumnado, previa a la difusión pública del caso.
Ausencias en la comisión
El gobierno municipal ha subrayado que no tiene constancia sobre otros posibles abusos entre 2018 y 2024 en el centro, señalando que ignoran si ocurrieron en el municipio o en otras localidades de Gipuzkoa, dado que el implicado se desplazaba de la mano Bertsozale Elkartea por distintos municipios.
Bertsozale Elkartea estaba llamada a comparecer en la comisión para que pudiera esclarecer su relación con el agresor, al que disciplinó por un primer caso que se remonta a 2018. Sin embargo, la asociación que gestiona todo lo que atañe al bertsolarismo en Euskal Herria rehusó participar, la misma ausencia que instituciones y entidades como la Diputación Foral de Gipuzkoa, Xenpelar Bertso Eskola, Emakunde o el Movimiento Feminista, todas ellas convocadas también por el Ayuntamiento de Errenteria a participar en la comisión para esclarecer lo ocurrido. Únicamente compareció un representante de la junta directiva de Kukai, quien acotó que la compañía solo responderá a preguntas formuladas por escrito.
Caso Kukai
La segunda parte de la comisión abordó las presuntas conductas machistas del director de Kukai, Jon Maya. La polémica se centró en las subvenciones públicas concedidas a la compañía de danza tras conocerse las primeras denuncias en diciembre de 2024.
Según el equipo de gobierno, en aquel momento se instó a Kukai a apartar a Maya para respetar a las víctimas. Dado que el director admitió los hechos, se comprometió a enmendar su comportamiento y accedió a retirarse de la esfera pública, el Ayuntamiento decidió mantener la subvención de 53.000 euros durante 2025.
Sin embargo, la situación dio un giro este año 2026 al constatarse la reaparición de Maya en la actividad de la compañía. Ante este escenario, el consistorio ha decidido congelar las relaciones institucionales y retirar la ayuda económica.
Los interrogantes que ve el PSE
Desde las filas de la oposición, el PSE-EE mostró su disconformidad con la gestión y, tras finalizar la reunión, emitió un comunicado crítico en el que destaca que el propio ejecutivo municipal ha admitido su desconocimiento sobre lo ocurrido realmente en la Bertso Eskola entre 2018 y 2026, así como la falta de supervisión en un servicio destinado a menores de edad.
Los socialistas consideran «especialmente grave» que sigan existiendo interrogantes abiertos sobre ambos casos y exigen una revisión exhaustiva de los protocolos municipales; una investigación a fondo sobre lo sucedido en la escuela de bertsos; y la depuración de las correspondientes responsabilidades políticas.
Asimismo, el PSE ha censurado que el Ayuntamiento no pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía hasta que esta lo reclamó de manera expresa el pasado 4 de junio, procedimiento que posteriormente fue sobreseído por el juez al no formalizarse denuncias del Ministerio Público ni de víctimas particulares. El grupo socialista concluyó que, si bien el acompañamiento y la reparación a las víctimas son fundamentales, estos procesos «no pueden sustituir la responsabilidad» de la justicia y de las instituciones públicas.
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