Asaja exige declarar zona catastrófica el área arrasada por el incendio de Castillejos
Asaja-Huelva ha solicitado la declaración inmediata como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para el área devastada por el incendio forestal que ha afectado a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. La organización considera que la magnitud del fuego y las graves consecuencias registradas en explotaciones agroganaderas justifican la activación urgente de ayudas y medidas extraordinarias.
La asociación agraria sostiene que las primeras estimaciones apuntan a miles de hectáreas calcinadas, muchas de ellas correspondientes a fincas privadas dedicadas a la ganadería extensiva, la actividad forestal y el aprovechamiento de la dehesa. Aunque continúa recabando información para cuantificar el alcance exacto de los daños, advierte de que el impacto sobre el territorio y la economía local es ya muy significativo.
Aeronave sobrevuelta el terreno quemado – Diputación
Según Asaja-Huelva, el incendio ha afectado a explotaciones de alto valor ecológico y productivo, provocando daños en pastos, arbolado, cerramientos, puntos de agua, instalaciones agrarias y ganaderas, además de la pérdida de animales en algunas fincas. La organización subraya que la destrucción de estos recursos compromete la actividad de numerosas explotaciones que dependen directamente de la dehesa.
El secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz, ha lamentado además algunas declaraciones realizadas desde la administración en las que se habría restado importancia al valor de las superficies afectadas. En este sentido, ha defendido que los pastos, el matorral y el arbolado constituyen la base de un sistema productivo esencial para la comarca y no pueden considerarse elementos de escasa relevancia.
La organización agraria alerta de que, una vez extinguido completamente el incendio, comenzará una nueva fase marcada por la recuperación de los terrenos y las explotaciones dañadas. Por ello, considera imprescindible que las administraciones actúen con rapidez para evitar que agricultores y ganaderos tengan que asumir en solitario los elevados costes derivados de la restauración de las fincas.
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