Desalojo forzoso de okupas en la antigua prisión de Palma
La autorización judicial para el desalojo de las últimas 80 personas que residen en la antigua prisión de Palma ha sido aprobada, y se espera que se ejecute este mes de junio. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha informado sobre el auto judicial dictado el pasado viernes, luego de la solicitud del Ayuntamiento para recuperar la posesión del inmueble habitado en su mayoría por 200 okupas, principalmente magrebíes.
Tras esta resolución, se ha convocado una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para planificar y coordinar el desalojo de la antigua prisión. El Ayuntamiento de Palma ha notificado presencialmente a los okupas y también ha publicado en el BOE la notificación correspondiente a otras personas incluidas en el expediente.
La antigua prisión se había convertido en un lugar de delincuencia, con peleas, incendios, robos y consumo de drogas como parte de la rutina diaria. En la parte trasera del recinto, se encuentran coches abandonados y desguazados, evidenciando el caos denunciado por los vecinos.
En el interior, se observan reformas improvisadas como suelos embaldosados, puertas metálicas y focos alimentados por placas solares. Sin embargo, el acceso a agua potable es imposible desde el interior, obligando a los ocupantes a buscar fuentes públicas cercanas.
El alcalde ha resaltado que la resolución del juez se dictó rápidamente y ha destacado la necesidad del desalojo debido al mal estado de salubridad del lugar, que representa un riesgo real para la vida e integridad física de los residentes. Los informes de las autoridades locales y sanitarias respaldan la medida de desalojo forzoso como necesaria y proporcionada.
Los servicios sociales municipales continuarán ofreciendo apoyo a las personas que no han abandonado el inmueble de forma voluntaria.
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