La Audiencia Provincial de Málaga cierra el juicio contra el ‘padre Fran’, acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres

La Audiencia Provincial de Málaga cierra el juicio contra el ‘padre Fran’, acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres

El caso del ‘padre Fran’, acusado de sedar y violar a mujeres, queda visto para sentencia en Málaga

Este viernes, la Audiencia Provincial de Málaga ha puesto fin a las audiencias del juicio contra el sacerdote conocido como ‘padre Fran’, quien enfrenta acusaciones graves por presuntamente haber sedado a cuatro mujeres, agrediéndolas sexualmente y grabando los abusos. En esta última jornada, las partes han presentado sus conclusiones, donde las acusaciones han reafirmado las penas solicitadas al considerar probados los delitos, mientras que la defensa ha abogado por la absolución del acusado, invocando la presunción de inocencia y cuestionando la validez de la prueba principal.

Durante su intervención, la fiscal ha defendido la legalidad del disco duro que ha sido fundamental en el caso, rechazando su carácter ilícito. Según la representante del Ministerio Público, la denunciante, con quien el acusado mantenía una relación, encontró el disco de forma fortuita al buscar una película en el salón. «No estaba oculto, ella no lo buscaba. Si no lo hubiera denunciado, habría cometido un delito», ha declarado, subrayando que su acción fue un acto de ética ciudadana y solidaridad con las víctimas.

Respecto al tiempo que la denunciante tardó cinco meses en facilitar las imágenes a las autoridades, la fiscal ha destacado las circunstancias que rodearon su decisión, explicando que buscó ayuda en ámbitos eclesiales donde solo recibió silencio. También ha enfatizado que se cumplió adecuadamente la cadena de custodia y que el material fue presentado a la justicia, criticando a la defensa por no solicitar pruebas periciales que verificaran la supuesta manipulación de las imágenes.

La fiscal ha puntualizado que los hechos son innegables, describiendo cómo el acusado, tras suministrar una sustancia desconocida a las víctimas, las agredió de diversas formas y grabó los actos, organizando el material en carpetas. Según el Ministerio Público, los vídeos permiten identificar tanto al acusado como a las víctimas, y los delitos son considerados cuatro agresiones sexuales continuadas, así como lesiones y violaciones a la intimidad, solicitando la agravación por abuso de confianza. La fiscal ha solicitado una condena de 72 años de prisión y una indemnización de 300.000 euros para cada víctima.

Las acusaciones particulares se han alineado con la Fiscalía, reafirmando que la cadena de custodia se mantuvo sin alteraciones y confirmando que los vídeos fueron grabados en propiedades del acusado. Los abogados han resaltado el impacto psicológico que el visionado de estas grabaciones ha causado en las víctimas, quienes sufren de ansiedad y cambios de personalidad, afirmando que «no podrán recuperar su vida anterior».

En lo que respecta a la responsabilidad civil subsidiaria, la Fiscalía ha mantenido su reclamación contra el Obispado de Málaga, argumentando que la institución debe rendir cuentas no solo por ser el empleador del acusado, sino también por haber ignorado indicios que podrían haber evitado estos delitos. La fiscal ha criticado la falta de apoyo a la denunciante, una situación que incluso la llevó a considerar el suicidio.

Por su parte, la defensa del sacerdote ha centrado su discurso en la naturaleza de la prueba. La abogada ha afirmado que la denunciante accedió al domicilio sin permiso en un momento en que el acusado no se encontraba presente, sugiriendo que su motivación fue un deseo de venganza tras el enfado por la negativa del ‘padre Fran’ a reiniciar la relación. «Quería arruinar su vida si no se quedaba con ella», ha subrayado, mencionando amenazas previas que la mujer habría hecho.

La defensa ha argumentado que no se ha demostrado el suministro de drogas ni los hechos denunciados, solicitando la absolución del sacerdote. Finalmente, el abogado del Obispado ha rechazado la responsabilidad civil subsidiaria, argumentando que los hechos ocurrieron en un contexto privado y no dentro de las funciones religiosas del acusado. «Las víctimas conocían al procesado antes de su ordenación; las actividades eran parte de una amistad, no de una relación eclesiástica», ha concluido, afirmando que la Iglesia no tenía conocimiento de los encuentros íntimos, que se realizaban de manera clandestina.

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