Prorrogan investigación a hermanos acusados de ocultar cadáver de hermano discapacitado durante una década para cobrar pensión

Prorrogan investigación a hermanos acusados de ocultar cadáver de hermano discapacitado durante una década para cobrar pensión

Investigación judicial sobre cadáver hallado en Somiedo declarada ‘compleja’

El juzgado de Instrucción número 5 de Gijón ha decretado la complejidad de la causa del ‘hombre de Somiedo’ y prorroga durante seis meses la investigación a los dos hermanos acusados de arrojar el cadáver del tercer hermano discapacitado a una cuneta en un monte para seguir cobrando la pensión durante una década. La fiscalía ha solicitado que se tramiten en piezas separadas el delito de fraude a la Seguridad Social y los derivados de la ocultación del cadáver de ‘Luisín’, gran dependiente y cuyos hermanos tenían la custodia desde el fallecimiento de su madre.

El cadáver del hombre, de 55 años, fue hallado en 2015 en una cuneta en Somiedo. Tenía graves deformidades y durante diez años estuvo sin identificar. La Guardia Civil trató de ponerle nombre, pero sin éxito. No había ninguna denuncia por desaparición, el ADN no arrojó ninguna luz y la investigación para conocer su identidad llegó a un camino sin salida. De forma paralela, en un juzgado de primera Instancia de Gijón se reclamaba a los hermanos de ‘Luis’ –llamados Enrique y Enriqueta– que llevasen a su hermano a hacer una nueva valoración de la Ley de Dependencia. Incumplían las órdenes y nunca llevaban al hombre al juzgado. Para entonces ya llevaba años enterrado en una tumba con una placa sin nombre. A principios de 2025, después de numerosos incumplimientos, el juzgado de Instrucción número 5 ordenaba la retirada de la custodia de ‘Luis’ y ponía en búsqueda y captura a Enrique y Enriqueta. La UDEV de la Comisaría de Gijón los localizaba y detenía en el País Vasco en una supuesta huida a Francia tras verse acorralados.

Diez años ocultando la muerte de su hermano

El dinero que supuestamente habrían estafado a las arcas públicas por la pensión y la ayuda a la dependencia cobradas ascendían a unos 300.000 euros. En las explicaciones que aportaron ante la jueza manifestaron que optaron por tirarlo a una montaña en Somiedo porque no tenían dinero para pagar el enterramiento. Y que siguieron cobrando la pensión porque carecían de trabajo y recursos. Están en libertad provisional a la espera de que avance la instrucción.

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