Impactante movilización de afectados por la presunta estafa de Paco ‘el Bueno’ en Vélez-Málaga
Más de 300 personas han alzado la voz en la Axarquía, denunciando haber sido víctimas de una presunta estafa que ha sacudido a la comunidad. Uno de los testimonios más conmovedores proviene de Rafael Chica, un hombre de 54 años que ha revelado haber confiado casi 349.000 euros al investigado, enfrentándose ahora a la posibilidad de perder su hogar.
Chica, quien tiene una larga historia con Paco, relató que la confianza depositada en él fue absoluta. La suma entregada era el resultado de una indemnización tras un accidente de moto que lo dejó en silla de ruedas hace más de una década. "El dinero lo entregué hace 12 años", comentó, lamentando que, siguiendo las instrucciones del supuesto estafador, llegó a contratar préstamos adicionales para no tocar el fondo de inversión que le había prometido.
Con un tono de desesperación, Chica expresó: "Mi casa está a punto de que me la quiten", mientras revelaba que ha tenido que liquidar parte de su patrimonio para salir adelante. Si no logra recuperar su inversión, su futuro podría ser regresar a vivir con su padre. Su relato, impregnado de dolor y traición, hizo eco entre los presentes: "Ya no es Paco, ya para mí es un cabrón".
La concentración, organizada por un grupo de afectados, fue liderada por una veintena de personas que buscan visibilizar su angustia ante un posible estancamiento en el proceso judicial. Ángel Martín, de 51 años y portavoz del colectivo, advirtió sobre el inminente cambio de la funcionaria interina que ha estado a cargo del caso, lo que podría generar una paralización significativa. "Venimos a exigir a la administración pública que refuerce los recursos para aclarar la situación lo antes posible", demandó, señalando que podrían pasar "cinco o seis meses" hasta que un nuevo funcionario asuma el caso y se familiarice con el sumario.
Este proceso judicial, según los afectados, es voluminoso y complejo, con una gran cantidad de documentación y testimonios que requieren atención constante. Hasta la fecha, se han presentado alrededor de 150 declaraciones, pero aún queda un número considerable de víctimas por comparecer ante el juzgado.
La abogada Marta Fuentes, quien representa a 82 de las víctimas, subrayó que cualquier cambio en la tramitación del caso podría complicar aún más la situación. "Es una causa especialmente sensible", enfatizó, haciendo hincapié en la necesidad de continuidad para evitar perjuicios adicionales a los afectados. Hasta ahora, solo una treintena de perjudicados ha llegado a acuerdos con la compañía Occident, donde el investigado trabajaba como agente exclusivo. Sin embargo, la mayoría sigue a la espera de que el proceso judicial avance para intentar recuperar al menos parte de su dinero, en un caso que podría superar los 200 millones de euros en total.
Fuentes también advirtió que "cualquier procedimiento no debería ser un obstáculo para quienes buscan justicia". La preocupación subyacente es que la investigación, que ya afecta a cientos de familias en la Axarquía, se prolongue aún más. La manifestación frente a los juzgados de Vélez-Málaga se suma a la creciente presión social en torno a un caso que ha dejado una profunda huella en la comarca, donde las víctimas claman por estabilidad, recursos y continuidad para que la causa no pierda impulso en este momento crítico.
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