Un hombre enfrentará juicio por acoso y denuncias falsas contra propietarios de un bar extranjero
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga se prepara para llevar a cabo el juicio de un individuo acusado por la Fiscalía de delito de odio, debido a su comportamiento hostil y las denuncias infundadas que realizó contra los propietarios de un bar en la capital, quienes son de origen colombiano. La fiscalía propone una condena de un año y medio de prisión para el acusado.
Desde octubre de 2021 hasta el verano de 2023, el acusado habría estado perpetuando una serie de abusos contra la pareja de dueños del establecimiento, perturbando su labor diaria con insultos y ataques verbales, como "extranjeros de mierda" y "estafadores". Según el fiscal, estos agravios estaban motivados por su animadversión hacia el origen extranjero de los denunciantes.
El ministerio público resalta que el funcionamiento del bar se lleva a cabo de acuerdo a todas las normativas pertinentes. Sin embargo, el denunciado, quien reside cerca del local, ha intentado interferir en el normal desarrollo de las actividades de los propietarios, generando un ambiente de hostilidad constante. Se alega que, en presencia de clientes, el acusado profería gritos como "vete a tu país, que nos estás robando" y "sudaca de mierda, que me estás quitando el trabajo", buscando crear tumultos y avergonzar a la pareja, afectando tanto su negocio como su dignidad personal.
Además, el acusado ha llevado a cabo una serie de denuncias ante diferentes organismos oficiales, con el claro objetivo de obstaculizar la labor diaria de las víctimas, quienes enfrentaron numerosas inspecciones que alteraron su tranquilidad y el desarrollo de su actividad comercial. Se ha documentado que el denunciado realizó hasta 18 llamados a la Policía Local, alegando que las mesas del bar bloqueaban la acera o que carecían de licencia, aunque las autoridades confirmaron que todo estaba en orden y que sus afirmaciones eran falsas.
En marzo de 2023, el imputado también presentó una queja ante la Agencia de Protección de Datos, acusando a los dueños de haber instalado cámaras de vigilancia, pero la investigación concluyó que no había infracción alguna. Asimismo, se registraron hasta tres escritos ante la Inspección de Trabajo, sin evidencias de ilegalidad.
Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito asociado al ejercicio de Derechos Fundamentales en el que se lesionó la dignidad de las víctimas por motivos discriminatorios relacionados con su nacionalidad, acumulando otros dos cargos por agresiones a la integridad moral. La acusación solicita una pena de un año y seis meses de prisión, una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios y la inhabilitación especial para ejercer profesiones educativas, deportivas y de tiempo libre durante cinco años. Además, se pide que el acusado indemnice a cada uno de los perjudicados con 2.000 euros por daño moral.
El juicio se llevará a cabo el próximo martes 10 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.
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