Investigan por presunto maltrato animal a una protectora de animales en Gran Canaria
Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 16 de diciembre 2025, 12:34
| Actualizado 12:51h.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro en una protectora de animales ubicada en la Montaña de los Vélez, en Agüimes (Gran Canaria), cuya presidenta está siendo investigada por un presunto delito contra los animales.
La Comandancia de Las Palmas informó que el registro fue ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, tras denuncias de antiguas colaboradoras de la protectora y una querella del Ministerio Fiscal.
Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2022, cuando se descubrió que la asociación llevaba doce años dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales, tanto a nivel nacional como internacional.
En la primera inspección se encontraron 34 perros y 22 gatos, aunque la documentación de la entidad registraba un total de 397 animales a su nombre.
Como resultado de la primera actuación, se realizaron denuncias administrativas por falta de documentación que respaldara la actividad y por deficiencias graves en las instalaciones para alojar animales.
Posteriormente, en enero de 2025, se llevó a cabo una segunda inspección en la protectora, en la que la presidenta impidió el acceso a los agentes de la autoridad, lo que resultó en una denuncia por obstrucción.
Las autoridades confirmaron que en 2025 la entidad seguía sin iniciar el proceso de registro en el Registro de Explotaciones Ganaderas y se detectaron movimientos de animales sin certificados sanitarios en Países Bajos.
Además, se descubrió que la protectora no estaba registrada como núcleo zoológico ni tenía autorización para operar en la parcela inspeccionada.
En septiembre de 2025, se incautaron 28 perros y dos gatos, los cuales presentaban diversas condiciones de salud y se encontraron deficiencias en las instalaciones.
Durante el registro se halló un bidón con restos de un animal incinerado y se confiscaron medicamentos sin prescripción veterinaria, entre otras irregularidades.
Los animales fueron trasladados a albergues municipales y se constató que algunos presentaban problemas de salud y las instalaciones no cumplían con las normativas higiénico-sanitarias.
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