Condena en Málaga: Tres años de prisión por agresión con porra y amenazas con arpón
La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado una sentencia de tres años de prisión para un individuo que, en un acto de violencia, agredió a otro con una porra extensible y lo amenazó apuntándole con un arpón. Los incidentes, narrados en el fallo judicial al que ha tenido acceso SUR, se produjeron en diciembre de 2021, cuando la víctima se presentó en una vivienda de la capital malagueña con el objetivo de saldar una deuda relacionada con el tráfico de drogas.
Según los detalles de la resolución, el acusado permitió la entrada de la víctima a su hogar y, tras ello, le propinó varios golpes con la porra, provocando su caída al suelo. Para evitar que pudiera escapar, lo inmovilizó y, en un intento de intimidarlo, le profirió amenazas de muerte, asegurándole que lo mataría y desharía del cuerpo en el monte si decidía denunciarlo por sus actividades ilegales.
A lo largo de este acoso, la víctima continuó sufriendo agresiones. No fue liberado hasta que el agresor se aseguró de haberle infundido un profundo miedo, incluso llegando a apuntarle con un arpón. A pesar de las amenazas de represalias si denunciaba, el hombre, atemorizado por su vida, decidió finalmente acudir a la policía para reportar lo sucedido.
Las lesiones sufridas por la víctima incluyeron una fractura en el hueso superior y externo de la cuenca del ojo izquierdo, además de abrasiones en el brazo y moretones en el glúteo, lo que requirió tratamiento médico con antibióticos y antiinflamatorios. La sentencia también menciona que, tras su arresto, el acusado expresó su intención de matar a la víctima utilizando un arma de fuego.
Durante el registro de su domicilio, las fuerzas del orden encontraron la porra extensible utilizada en la agresión, un arma prohibida para particulares, así como dos arcos con flechas. Asimismo, descubrieron 18 papelinas de cocaína escondidas bajo un sillón, con un valor estimado en el mercado negro de 1.200 euros.
En el juicio, el agresor admitió los cargos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que consideró que en el momento de los hechos se encontraba bajo los efectos de sustancias, lo que afectó a su capacidad de decisión. En la determinación de la pena, se tuvo en cuenta que ya había abonado una indemnización a la víctima. Así, se resolvió que enfrentaría una condena de tres años de prisión: uno y medio por delito contra la salud pública, seis meses por coacciones y un año adicional por tenencia ilícita de armas, además de multas que totalizan alrededor de 3.100 euros por el tráfico de sustancias, lesiones y amenazas. La resolución es definitiva.
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