Alto número de víctimas por minas antipersona en 2024
La red mundial conocida como la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres informó que en el año 2024, más de 6.200 personas fallecieron o resultaron heridas, marcando la cifra más alta de los últimos cinco años. Según los datos desglosados, 1.945 personas perdieron la vida y 4.325 resultaron heridas, siendo el 90 por ciento civiles y el 46 por ciento niños. Estas tragedias tuvieron lugar en 52 países, de los cuales 36 son Estados parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona.
Birmania encabezó la lista con el mayor número de víctimas este año, seguido por Siria, Afganistán y Ucrania. El informe señala que 166 países son parte del Tratado de Ottawa, mientras que 31 aún no se han unido. Además, destaca que Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia están en proceso de retirarse del tratado, y Ucrania está intentando suspender su aplicación debido a un conflicto armado internacional.
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres señala que los recortes en la ayuda humanitaria han obstaculizado la prestación de servicios a las víctimas, ya que la financiación internacional para la acción contra minas disminuyó un cinco por ciento en comparación con el año anterior. Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea fueron los principales donantes en 2024, pero la mayor parte de la financiación se destinó a ONG internacionales en lugar de a las locales.
Por otro lado, Human Rights Watch ha destacado la importancia de mantener la prohibición mundial de las minas terrestres para salvar vidas civiles y preservar el respeto al Derecho Internacional. El director asociado de crisis, conflictos y armas de HRW, Mark Hiznay, insta a los gobiernos a condenar la retirada de los Estados del Tratado de Prohibición de Minas y a rechazar los intentos de suspender las obligaciones durante conflictos armados.
En este contexto, Hiznay subraya la importancia de limpiar los territorios contaminados para salvar vidas y permitir que las comunidades recuperen el acceso a sus tierras. Los Estados deben asegurar que aquellos que lo necesiten reciban apoyo para la desminado de sus territorios.
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