Investigación sobre el fenómeno de los ‘Menas-Erasmus’ en Málaga: un desafío para el sistema de protección
La reciente publicación de este periódico sobre los ‘Menas-Erasmus’ reveló la existencia de unos seis expedientes en la Fiscalía de Málaga, pero lo que se ha descubierto es que esto representa apenas la punta del iceberg. En la actualidad, hay un total de 70 casos en investigación en la provincia, con 26 de ellos ya confirmados; se trata de menores que ingresaron al país con visados turísticos y que parecen haber sido abandonados por sus progenitores, buscando que el sistema de protección se hiciera cargo de ellos. Este sistema, según las fuentes consultadas por SUR, está en un estado de colapso total, superando su capacidad habitual.
El lunes, tras el artículo del diario, los responsables del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía solicitaron una reunión urgente con la Fiscalía de Málaga para abordar la situación. Esta reunión se celebró el martes 11 de noviembre, donde los representantes autonómicos presentaron datos que mostraban que el fenómeno es mucho más amplio que lo que había sido reportado al Ministerio Público, el cual solo había recibido los casos más evidentes.
A través de fuentes de este medio, se ha podido saber que actualmente hay 70 adolescentes en centros de protección en Málaga, cuyo perfil no se corresponde con el de los ‘menas’, es decir, menores no acompañados en situación de vulnerabilidad. En cambio, muchos de ellos demuestran un nivel económico alto en sus países de origen, siendo en su mayoría marroquíes, aunque también se reportan algunos casos de argelinos.
Isabel Fernández, fiscal delegada de Menores en Málaga, expresó su preocupación sobre el incremento del fenómeno ‘Menas-Erasmus’ y la posibilidad de un efecto llamada que podría agravar aún más la situación de un sistema ya saturado. La fiscal reconoció la imposibilidad de resolver este problema, dado que no está directamente bajo su jurisdicción, ni la de la Junta de Andalucía.
«Cuando encontramos a un niño o adolescente sin compañía familiar, tenemos la responsabilidad de ofrecerle acogida y recursos. No hay otra opción. Además, investigar a los padres por abandono no es competencia nuestra, ya que cae bajo la jurisdicción de adultos», señala la fiscal delegada, quien también subraya lo traumático que resulta para estos menores encontrarse solos en un país extranjero, cuando en su nación de origen tenían cubiertas sus necesidades básicas.
A pesar de la reunión, no se logró una solución clara para esta situación, la cual, según la fiscal, depende de otros organismos gubernamentales. Por lo tanto, decidió redactar un documento para la Fiscalía General del Estado, esperando recibir orientación sobre cómo manejar el fenómeno y, en particular, prevenir el colapso del servicio, que tiene recursos limitados que deben ser asignados según la urgencia.
Málaga cuenta con dos centros para menores en situación de vulnerabilidad, donde se aplica el ‘protocolo Mena’, con un total de 53 plazas. A pesar de esto, el Servicio de Protección está lidiando con 70 expedientes que no reflejan precariedad económica, pero que aún así requieren la aplicación de dicho protocolo. En muchos casos, se observa que visten ropa de marca y utilizan teléfonos de última generación.
Además, la Junta tiene otros cuatro centros de acogida inmediata, dos para conflictos sociales y uno para menores con discapacidades, sumando más de 300 plazas disponibles en toda la provincia. Actualmente, hay un total de 938 menores tutelados en Málaga, un número sin precedentes en el área de protección.
Un fenómeno extendido a nivel nacional
No se trata de un caso aislado en Málaga o Andalucía. En otras regiones como Madrid, Valencia, Baleares y País Vasco, se han documentado situaciones similares. En Cataluña, incluso se desmanteló una red dedicada a organizar estos viajes. El mes pasado, la Policía Nacional detuvo a 30 personas en Tarragona que falsificaban la condición de ‘menas’ para que el Estado asumiera sus gastos de manutención, educación y salud. Esta investigación reveló un fraude que, solo en términos de Seguridad Social, alcanzaba la cifra de 1.589.747 euros.
El sistema de protección español garantiza a estos menores acceso a atención sanitaria, educación y la posibilidad de obtener permisos de residencia al cumplir la mayoría de edad. Asimismo, se les tramita la nacionalidad mientras son menores, y al cumplir 18 años, tienen la opción de traer a sus padres y hermanos mediante reagrupación familiar, aunque se informa que solo algunos lo intentan, ya que muchos de sus padres tienen trabajos estables en sus países de origen.
Los agentes han identificado dos tipos de familias: aquellas con un poder adquisitivo medio-alto que abandonan a sus hijos en España, pero que visitan regularmente los centros, y aquellas con menos recursos que permanecen en España y mantienen contacto telefónico, pero sin hacerse cargo de ellos. En Tarragona, se revisaron 109 expedientes y se elaboraron 28 atestados.
Según las fuerzas del orden y los técnicos, muchos de estos menores llegan ya instruidos por sus padres sobre lo que deben declarar. Antes de su partida desde sus países, los progenitores los llevan a recorrer lugares clave, como comisarías y servicios sociales, para que sepan dónde acudir. Algunos adolescentes se presentan ante la policía y afirman que se quedan en el país para continuar su formación académica, mientras que otros, sin dominar el idioma, portan un papel con la frase: «Soy menor no acompañado. Ayúdeme».
Una vez que son identificados, la policía remite un informe a la Fiscalía, que abre un procedimiento por abandono y aplica el ‘protocolo Mena’, lo que implica su ingreso en un centro de protección de menores gestionado por la Junta de Andalucía. Desde ese momento, el Gobierno autonómico asume la tutela de estos jóvenes, convirtiéndose en su familia en todos los efectos, lo que les otorga acceso a una amplia gama de servicios, incluyendo alimentación, educación, ropa y atención médica completa. Si necesitan gafas o tratamiento dental, la Junta cubre esos gastos, además de asignarles un peculio diario para sus gastos personales.
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