Suplanta el mail de un abogado cambiando una letra para estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas
La Audiencia de Málaga ha dictado una sentencia en la que condena a un individuo a once meses de prisión por intentar perpetrar una estafa que casi le habría hecho ganar 700.000 euros. Este hombre intentó engañar a un comprador de un apartamento en Mijas, suplantando la identidad de su abogado encargado de la transacción.
Según los detalles revelados por la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el comprador estaba en proceso de adquirir un inmueble en Mijas y contaba con la asesoría legal de un abogado de Marbella. Este profesional le había enviado un correo electrónico con la información necesaria para realizar los pagos correspondientes.
Sin embargo, el acusado, en un intento de llevar a cabo su plan fraudulento, envió un correo al comprador haciéndose pasar por el abogado. Lo hizo desde una dirección de correo electrónico tan similar a la original que solo cambiaba una letra, lo que generó confusión. En su mensaje, le indicó que debía realizar las transferencias a otra cuenta bancaria.
Confiando en que el correo era legítimo, el comprador realizó dos transferencias desde su cuenta en Suiza: primero 62.000 euros y luego otros 632.321 euros. Cuando el abogado no recibió los fondos en su cuenta de clientes, se puso en contacto con el comprador, quien le informó de las transferencias realizadas.
Al darse cuenta del engaño, el abogado y el comprador alertaron a su banco, lo que permitió bloquear las transferencias y recuperar el dinero que había sido enviado a la cuenta del acusado. La sentencia destaca que el intento de estafa fue un claro acto de desplazamiento patrimonial basado en un engaño que llevó al comprador a creer que estaba enviando dinero a su abogado.
El tribunal subraya que el acusado utilizó un correo electrónico casi idéntico al del abogado con la intención de obtener un beneficio ilícito. A pesar de que no logró quedarse con el dinero, la maniobra fraudulenta fue considerada suficiente para calificarla como un delito de estafa agravada en grado de tentativa.
Finalmente, se determinó que el acusado era el administrador único de la empresa dueña de la cuenta bancaria a la que se realizaron las transferencias, lo que lo colocó en una posición de beneficio directo. Por ello, se le impuso no solo la pena de prisión, sino también una multa de 1.500 euros.
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